La sesión de Diputados que confirmó el veto del presidente Javier Milei contra la reforma de la Ley de Movilidad Previsional ha dejado el presente como un panorama de las ruinas de la política. Los poderes políticos, una vez más y como desde hace varios gobiernos, se han manifestado incapaces de brindar un mínimo de alivio a uno de los sectores más vulnerables: la ancianidad. Ello ya no sólo es un fracaso del Estado, sino un acto de crueldad que tipifica un crimen de lesa modernidad.

El Gobierno libertario sale airoso de la pelea en el Congreso, pero no de la batalla con la opinión pública. En su columna de principios de esta semana, el periodista Carlos Pagni detalló una serie de encuestas que muestran la sostenida caída de la imagen del jefe de Estado. Tronchar la escasa recomposición de los haberes jubilatorios es otro salvavidas de plomo para los libertarios. Han sacrificado uno de los grandes baluartes del discurso oficial: el equilibrio fiscal. Ahora, los argentinos de las más diversas generaciones se preguntan para qué sirve el “déficit cero” si los jubilados ganan miseria. Con triunfos así de “las fuerzas del cielo”, ¿quién necesita derrotas? ¿O ángeles caídos?

El margen de maniobra de esta gestión donde no hay ascenso social, pero sí suba de precios y de tarifas de servicios públicos es la dispersión de la oposición. Pero no se trata de cualquier descomposición, sino de partidos políticos que han implotado.

Una canónica definición de Torcuato S. Di Tella advertía que en la Argentina la derecha había preferido el camino de la infiltración de los movimientos populares antes que la opción por estructurar un gran partido político. El resultado es que, hoy, existe peronismo de izquierda, de centro y derecha, lo mismo que con el radicalismo. La llegada al poder de un proyecto político de derechas, como el de Milei (ni siquiera partido tiene) confirma esa tesis: el Gobierno se alimenta del “entrismo” de la derecha en esos movimientos, haciéndolos estallar desde adentro.

PJ y UCR

Tucumán, como pocos distritos, expone esta situación sin tapujos. De los cinco diputados nacionales del PJ, dos votaron por el rechazo del veto de Milei: Carlos Cisneros y Pablo Yedlin. Los otros tres (Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández) apoyaron a la Casa Rosada. Enfrente, de los dos diputados de la UCR, uno votó en favor de recomponer los haberes de los jubilados (Roberto Sánchez) y el otro, Mariano Campero, hizo exactamente lo contrario.

Esto dispara otro interrogante de la coyuntura: ¿a quiénes representan los representantes? ¿Al pueblo?

En ese caso, a cuál pueblo, dado que peronistas y radicales votaron de manera encontrada. Y dice el principio de no contradicción, que dos ideas opuestas pueden ser una verdadera y otra falsa; o que pueden ser falsas las dos. Lo imposible es que ambas sean verdaderas. Entonces, ¿representan a sus partidos? ¿O representan a sus jefes políticos? ¿O se representan a sí mismos?

Esa cuestión se debate por estas horas en los mencionados partidos políticos. El Congreso Provincial del PJ sesiona hoy. La Convención Nacional de la UCR, en tanto, había dado mandato a sus diputados para que votaran en favor de la norma que beneficiaba a los adultos mayores.

Eso sí: cabe una diferencia sustancial en los casos mencionados. Los diputados peronistas del bloque “Independencia”, en junio, no votaron en favor de la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria. Los radicales, en cambio, sí lo hicieron. Eso plantea dos aclaraciones que, no por obvias, resultan evidentes. La primera es que tanto los que votaron contra el veto de Milei como aquellos que lo apoyaron tienen razones para justificar sus votos. La segunda es que las razones que ahora argumentan los radicales son válidas… pero para la votación de hace tres meses. Los radicales cambiaron su voto sin que el Gobierno variara su discurso. La Casa Rosada no aportó ningún dato nuevo: esgrimió los mismos justificativos de siempre para resistir el aumento a los jubilados. Esos mismos justificativos que a los diputados radicales que se contradijeron flagrantemente no les parecieron atendibles en junio, pero que en septiembre les parecieron verdades reveladas. Dicho de otro modo: en democracia, es válido avalar el veto de Milei, o no. Pero votar contra uno mismo es patético. El artículo 16 de la Constitución Nacional sólo pide idoneidad para ejercer cargos públicos.

Precisamente, los argumentos de algunos diputados de la UCR (los que decidieron que ahora estaba mal aquello que en junio estaba bien) exponen que a los partidos les estallaron los principios. Luis Picat, diputado radical por Córdoba que cambió su voto, sostuvo que está en riesgo la gobernabilidad si el Congreso “le maneja el flujo de caja al Gobierno”. La determinación del Presupuesto General de la Nación, es decir, la pauta de cómo y en qué debe gastarse el dinero de los contribuyentes, no sólo es una facultad constitucional del Poder Legislativo: es su razón de ser. El parlamento es un invento británico que surge de un razonamiento: el monarca se consideraba ordenado por Dios. Ahora bien, ¿era Dios el que le daba el dinero a la Corona? Como el dinero provenía de los impuestos, quienes los pagaban tenían derecho a decidir cómo iban a usarse.

Con reproches y polémicas, Diputados ratificó el veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria

A los discursos inconexos se suman las acciones rupturistas: los diputados que avalaron el veto de Milei se tomaron una “selfie” con él (tomada por Campero), y con miembros de su Gabinete, en vísperas de la sesión. En la república consagrada por la Carta Magna, el parlamento está para controlar a la Casa Rosada, no para ser su rueda de auxilio. Debieran saberlo doblemente los radicales: Hipólito Yrigoyen decía que su plan de Gobierno era la Constitución. Y en Tucumán, Campero llegó a su banca como postulante de un partido que se opone a Milei. Los candidatos libertarios por Tucumán el año pasado fueron Ricardo Bussi y Gerardo Huesen.

El valor la coherencia

Esto deriva en otro interrogante actual. ¿Cuán representados están los partidos en el Congreso? El fallo “Ríos” ratificó, en los 80, el monopolio de las agrupaciones políticas para acceder a cargos electivos porque su función es la de clarificar la oferta electoral. ¿Cuánta de esa claridad hay si quien llega por una fuerza termina votando en contra de esa fuerza? De paso: ¿qué entendemos por representación? La forma de gobierno que adopta la Nación es republicana, federal y representativa.

Este último asunto deriva en una cuestión final, que esta vez no interpela al sistema ni a los partidos, sino a los electores. ¿Cuál es el valor de la coherencia en la política? Léase: ¿reditúa ser coherente en la vida pública?

En partidos pragmáticos, como el peronismo, esta cuestión está saldada desde que Juan Domingo Perón declaró que “la única verdad es la realidad”. Por tanto, lo opuesto a “lo real”, es decir, lo ideal, lo ideológico, los idearios, devienen secundarios. De “Perón, Evita y la Patria Socialista” al neoliberalismo de Carlos Menem, pasando por la izquierda burguesa del kirchnerismo y la socialdemocracia parrandera de Alberto Fernández. De modo que la pregunta se redefine. ¿Cuál es el valor de la coherencia política en la oposición? La respuesta ha comenzado a escribirse.